Sobre la "reforma" de la Constitución

Algunos de los que me conocen se quejan de que no me quejo, ("la chavista"), y de que, en consecuencia, tengo los ojos vendados y el cerebro lavado y soy una más de un conglomerado que no piensa, sólo sigue. Yo siempre he contestado con una máxima muy sencilla: cuando llegue el momento en que algo me preocupe de verdad, lo diré.

Pues bien, ese momento ha llegado.

El proyecto de "reforma" de la Constitución que se discute en la Asamblea Nacional plantea que el ejecutivo nacional tendría la potestad de crear provincias, o entidades federales. Según entiendo, o mejor dicho, según se desprende de lo que he leído en distintos medios (de uno y otro lado) esto implica organizar los estados (y reorganizarlos y desorganizarlos cada vez que se quiera) en algo semejante a las "provincias" en las constituciones posteriores a la Colonia (doscientos años de retrocesión legislativa, nada más). Y no hablamos de organizar el territorio de un modo distinto, en la nueva Constitución: hablamos de que el Ejecutivo Nacional podría decidir cualquier día (con aprobación de la Asamblea, claro) que Aragua y Carabobo son una sola provincia, y volver a decidir, la semana siguiente, que ahora no son Aragua y Carabobo, sino Aragua y Guárico. Pero eso no es, ni siquiera, lo que me preocupa. Continuemos.

Además, se dice que la Asamblea Nacional tendría la potestad, no sólo para remover de su cargo a los Magistrados del TSJ, al Defensor, al Procurador, etcétera (que ya las tiene, y que en un Estado estable no revestiría mayor gravedad) sino, y agárrense de las sillas, también a los Gobernadores de Estado (no sé si también a otros cargos de elección popular). Esto, claro, previa presentación de memoria y cuenta, y en el caso de que ésta no se apruebe. (Wow, qué condición tan difícil).

Ahora sí, vamos a lo que me preocupa, y empecemos por partes. Voy a evitar dar vueltas por otros elementos que contiene esa reforma, y me voy directo al punto que ocupa este post. La Constitución de 1999 contiene una cláusula, en su artículo sexto, que establece lo siguiente:

Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Aquí va la clase de Derecho Constitucional Elemental. Este artículo, señores, contiene lo que se denomina una cláusula pétrea. Esto significa que, mediante la sencilla expresión "es y será siempre", se deja sentado que estos principios no pueden ser cambiados en posteriores constituciones, ni siquiera mediante una Asamblea Constituyente, mucho menos por medio de una simple reforma.

Y eso de la descentralización, ¿con qué se come? Ya sabemos que la descentralización implica un traspaso de poder hacia las entidades regionales, una cierta autonomía, una cantidad de cosas que no existen si el órgano legislativo nacional puede remover gobernantes que fueron electos por votación.

Otro detalle. Hace un par de semanas, el (ilustre doctrinario) doctor Edgar Núñez Alcántara nos decía, en su columna en el Diario El Carabobeño, algo que no puedo yo decir más claramente que como lo explicó él, pero que es un principio fundamental de nuestra formación como Estado: los "niveles" de poder (Nacional, Estadal y Municipal) no se encuentran organizados jerárquicamente, son simple y llanamente distintas entidades con distintas funciones y potestades según la Constitución (la vigente, sabe Dios). Mal podría un órgano del poder Nacional (llámese la Asamblea Nacional o la Presidencia de la República) tener una injerencia tal en las funciones regionales, como remover gobernadores o reorganizar el territorio a voluntad, y mantenerse incólume la descentralización. Una cosa o la otra. En resumidas cuentas, eso no es una reforma. Tampoco es una Constituyente. Es una barbaridad que atenta contra los principios fundamentales de nuestro pacto social como nación.